Ciudadanos colombianos detenidos el 1S aún no tienen acusación formal

El abogado especialista en Derecho Internacional, Sergio Aranguren Carrero, informó que de los 160 ciudadanos colombianos que fueron detenidos el pasado 1 de septiembre en la parroquia Petare, estado Miranda, 61 aún se encuentran privados de libertad en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la Yaguara, al oeste de Caracas, sin que se les haya imputado algún delito.
El doctor explicó que a estos ciudadanos “se les ha vulnerado los derechos fundamentales, del debido proceso y una privación ilegitima de la libertad, por parte de un abuso de la autoridad, judicial y policial en Venezuela”.
“Somos miembro de Unasur, y los pactos y convenios de este organismo establecen que se esta socavando todos esos principios porque tenemos libre tránsito, tenemos un sistema migratorio en común, unos compromisos primordiales donde el sistema migratorio a la hora de una anomalía tienen la obligación de judicializar y presentar esas personas en un lapso no mayor de 48 horas, aquí se vulneraron todo esos tipos de principios y de los derechos civiles de estos ciudadanos”, precisó.
Incurriendo así en dolo eventual y dolo específico como lo consagran las leyes venezolanas (Código Penal Venezolano en su parte 3 y artículos 86-87 de la Ley contra la corrupción en la administración de justicia).
Detalles del caso
El pasado 1 de septiembre, 160 ciudadanos neogranadinos fueron arrestados “bajo procedimientos no muy claros y sin razón alguna” en distintas zonas de la parroquia Petare. La edad de los detenidos va desde 21 hasta 60 años en su mayoría padres de familia, gente humilde y trabajadora.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro ese mismo día se pronunció acerca de un caso y reveló que autoridades venezolanas habían “capturado a unas 92 personas en un campamento paramilitar ubicado a 500 metros del Palacio de Gobierno, Miraflores”.
Cancillería Colombiana
El especialista señaló que la Cancillería de Colombia ha emitido 18 notas diplomáticas solicitando la información atinente al debido proceso y la judilización de sus conciudadanos. “Hago un llamado a la fiscal general con el fin de que cumpla el artículo 285 de nuestra Constitución y restablezca el bien jurídico infringido en contra de estos ciudadanos, en virtud de que están encuadrado el tipo penal y núcleo atinente al estatuto de Roma porque ningún funcionario público se va a salvar en relación a la negligencia, impericia, inobservancia de los delitos cometidos en contra de la humanidad de las personas que están siendo soslayadas de sus derechos constitucionales”.

Fuentes: Hellouworld/caraotadigital

You may also like...